jueves, 8 de diciembre de 2016
jueves, 24 de noviembre de 2016
lunes, 14 de noviembre de 2016
viernes, 7 de octubre de 2016
viernes, 30 de septiembre de 2016
martes, 6 de septiembre de 2016
martes, 19 de julio de 2016
Una nueva sentencia del Tribunal Constitucional anula aspectos importantes de la "Ley Montoro" y sale publicado el nuevo "Plan PRISMA", que cambia de nombre a PIR
En el BOE de este viernes pasado, 15 de julio, salió publicada una nueva sentencia del Tribunal Constitucional, anulando aspectos importantes de la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, entre ellos la posibilidad de que las Juntas de Gobierno Locales puedan aprobar los Presupuestos Municipales y los Planes de Sostenibilidad.
Se trata de una muy buena noticia.
DESCARGAR SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Este ha sido el fallo de la sentencia:
Ponemos a continuación una reseña que explica aspectos de esta sentencia:
La Junta de Gobierno Local ya no podrá aprobar presupuestos ni planes
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), por lo cual, desde la publicación en el BOE de la sentencia la junta de gobierno local no podrá tomar decisiones relativas a presupuestos y planes de contenido económico en las circunstancias que establecía la Disposición Adicional 16ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Dicha disposición preveía que, en la toma de decisiones que afectaran al régimen de ingresos y gastos de la corporación, es decir, sobre los presupuestos, los planes económico-financieros, los de equilibrio y ajuste o los planes de saneamiento entre otros, cuando el pleno municipal (órgano representativo) en una primera votación no llegaba a un acuerdo, éste debía ceder la competencia a la junta de gobierno local (órgano ejecutivo).
El Tribunal Constitucional en su sentencia de 9 de junio de 2016 considera que esta cesión de competencias, afecta por un lado al principio de democracia y por otro, la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE), principios ambos recogidos en la Constitución, no obstante, la Constitución no les asigna el mismo peso: «La democracia es principio fundacional del propio Estado constitucional, valor superior de nuestro ordenamiento» y por ello, el Tribunal concluye que «las ventajas (eventuales e indirectas) para la estabilidad presupuestaria propiciadas en algunos casos por la disposición adicional 16ª LBRL no superan ampliamente –ni compensan mínimamente-los relevantes perjuicios causados al principio democrático».
La nulidad, explica la sentencia, no afectará a los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni a los actos sucesivos adoptados en aplicaciones de los anteriores.
En su voto particular, el Magistrado Ricardo Enríquez comparte el criterio de que la DA 16ª de LBRL vulnera el principio democrático, salvo en lo que afecta a los planes económicos-financieros y de equilibrio, ya que, a su modo de ver, al traspasar a la junta de gobierno local la aprobación de estos instrumentos se evitan «medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso» aún «más intrusivas en el principio de autonomía local».
Además, en relación al resto de impugnaciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde se pone en duda la constitucionalidad de los art. 36.2 y 26.2 de LBRL, preceptos destinados a “reforzar el papel” de diputaciones, cabildos, consejos insulares o entidades equivalentes, éste denuncia que la regulación prevista vulnera la autonomía municipal y que la intervención del MINHAP invade competencias de las CCAA. El TC resuelve constitucional respecto al primero de los artículos dado que prevalece la “voluntad municipal”, sin embargo, sí se aprecia vulneración de las competencias autonómicas dado que el Estado no tiene competencia ejecutiva, declarándose nula dicha previsión.
En este sentido, el art. 36.2 LBRL permite a la diputación establecer fórmulas de coordinación a los municipios para la prestación de determinados servicios cuando detecte que los costes son superiores a los que tendría el mismo servicios si se prestara bajo la coordinación de la diputación o directamente por ella. Y el art. 26.2 LBRL prevé la intervención de la diputación provincial en la gestión de servicios esenciales (recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público) por los municipios de 20.000 habitantes y que dicho plan de actuación deberá ser aprobado por el MINHAP.
Otra cuestión importante es que ha salido publicado en el BOCM el Programa de Inversión Regional 2016-2019, que sustituye al Plan PRISMA y que puedes descargar en el siguiente enlace:
DESCARGA PIR 2016-2019
Se trata de una muy buena noticia.
DESCARGAR SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Este ha sido el fallo de la sentencia:
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,
Ha decidido
Estimar parcialmente el recurso de inconstitucionalidad y en consecuencia:
1.º Declarar extinguida, por pérdida sobrevenida de objeto, la impugnación del art. 57 bis de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local (en la redacción dada por el art. 1.17 de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración local), y de las disposiciones adicional undécima y transitorias primera, segunda y tercera, así como del inciso «Decreto del órgano de gobierno de» incluido en la disposición transitoria cuarta.3, siempre de la Ley 27/2013.
2.º Declarar inconstitucionales y nulos:
a) los siguientes incisos del art. 26.2 de la Ley 7/1985, en la redacción dada por el art. 1.9 de la Ley 27/2013: «al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas» y «para reducir los costes efectivos de los servicios el mencionado Ministerio decidirá sobre la propuesta formulada que deberá contar con el informe preceptivo de la Comunidad Autónoma si es la Administración que ejerce la tutela financiera».
b) la disposición adicional decimosexta de la Ley 7/1985, introducida por el art. 1.38 de la Ley 27/2013, con los efectos señalados en el fundamento jurídico 8 f) de esta Sentencia.
c) el inciso «El Consejo de Gobierno de» incluido en el segundo párrafo, in fine, del art. 97 del texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen local, aprobado por Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en la redacción dada por la disposición final primera de la Ley 27/2013.
3.º Declarar que los arts. 36.1 g) y 36.2 a), segundo párrafo, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, en la redacción introducida por el art. 1.13 de la Ley 27/2013, no son inconstitucionales interpretados en los términos de los fundamentos jurídicos 11 y 12 c), respectivamente, de esta Sentencia.
4.º Desestimar el recurso de inconstitucionalidad en todo lo demás.
Ponemos a continuación una reseña que explica aspectos de esta sentencia:
La Junta de Gobierno Local ya no podrá aprobar presupuestos ni planes
El Pleno del Tribunal Constitucional ha estimado parcialmente el recurso de inconstitucionalidad formulado por el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía contra la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL), por lo cual, desde la publicación en el BOE de la sentencia la junta de gobierno local no podrá tomar decisiones relativas a presupuestos y planes de contenido económico en las circunstancias que establecía la Disposición Adicional 16ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (LBRL).
Dicha disposición preveía que, en la toma de decisiones que afectaran al régimen de ingresos y gastos de la corporación, es decir, sobre los presupuestos, los planes económico-financieros, los de equilibrio y ajuste o los planes de saneamiento entre otros, cuando el pleno municipal (órgano representativo) en una primera votación no llegaba a un acuerdo, éste debía ceder la competencia a la junta de gobierno local (órgano ejecutivo).
El Tribunal Constitucional en su sentencia de 9 de junio de 2016 considera que esta cesión de competencias, afecta por un lado al principio de democracia y por otro, la estabilidad presupuestaria (art. 135 CE), principios ambos recogidos en la Constitución, no obstante, la Constitución no les asigna el mismo peso: «La democracia es principio fundacional del propio Estado constitucional, valor superior de nuestro ordenamiento» y por ello, el Tribunal concluye que «las ventajas (eventuales e indirectas) para la estabilidad presupuestaria propiciadas en algunos casos por la disposición adicional 16ª LBRL no superan ampliamente –ni compensan mínimamente-los relevantes perjuicios causados al principio democrático».
La nulidad, explica la sentencia, no afectará a los presupuestos, planes y solicitudes ya aprobados por juntas de gobierno locales ni a los actos sucesivos adoptados en aplicaciones de los anteriores.
En su voto particular, el Magistrado Ricardo Enríquez comparte el criterio de que la DA 16ª de LBRL vulnera el principio democrático, salvo en lo que afecta a los planes económicos-financieros y de equilibrio, ya que, a su modo de ver, al traspasar a la junta de gobierno local la aprobación de estos instrumentos se evitan «medidas coercitivas y de cumplimiento forzoso» aún «más intrusivas en el principio de autonomía local».
Además, en relación al resto de impugnaciones del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Andalucía donde se pone en duda la constitucionalidad de los art. 36.2 y 26.2 de LBRL, preceptos destinados a “reforzar el papel” de diputaciones, cabildos, consejos insulares o entidades equivalentes, éste denuncia que la regulación prevista vulnera la autonomía municipal y que la intervención del MINHAP invade competencias de las CCAA. El TC resuelve constitucional respecto al primero de los artículos dado que prevalece la “voluntad municipal”, sin embargo, sí se aprecia vulneración de las competencias autonómicas dado que el Estado no tiene competencia ejecutiva, declarándose nula dicha previsión.
En este sentido, el art. 36.2 LBRL permite a la diputación establecer fórmulas de coordinación a los municipios para la prestación de determinados servicios cuando detecte que los costes son superiores a los que tendría el mismo servicios si se prestara bajo la coordinación de la diputación o directamente por ella. Y el art. 26.2 LBRL prevé la intervención de la diputación provincial en la gestión de servicios esenciales (recogida y tratamiento de residuos, abastecimiento de agua potable, tratamiento de aguas residuales, limpieza viaria, pavimentación de vías urbanas y alumbrado público) por los municipios de 20.000 habitantes y que dicho plan de actuación deberá ser aprobado por el MINHAP.
Otra cuestión importante es que ha salido publicado en el BOCM el Programa de Inversión Regional 2016-2019, que sustituye al Plan PRISMA y que puedes descargar en el siguiente enlace:
DESCARGA PIR 2016-2019
miércoles, 29 de junio de 2016
Comienza la Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama, este sábado 2 de julio
Celebramos la sexta edición de la Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama, tras un período marcado por la crisis económica, ecológica y social, la sucesión de convocatorias electorales y la reconfiguración de los espacios de lucha social y ambiental. Tras un año de la entrada de nuevas candidaturas del cambio en los Ayuntamientos y la incorporación de centenares de personas a los diferentes espacios políticos, constatamos que las instituciones no son neutrales y que son numerosos los obstáculos que dificultan el avance en su seno de visiones y actuaciones favorecedoras de las mayorías sociales.
La Universidad Socioambiental de la Sierra de Guadarrama ha desarrollado su actividad durante seis años consecutivos. Nació por la necesidad de dotar al activismo social y ambiental de la Sierra de un foro de estudio, debate y reencuentro de cuantas personas trabajamos por la democratización participativa de nuestros municipios, en la defensa del patrimonio histórico-cultural, en movimientos ambientales, en la búsqueda de alternativas a la situaciones de paro y precariedad social…
Paralelamente, la Universidad Socioambiental de la Sierra ha venido desarrollando también Talleres que tocan temas más técnicos e instrumentales, que nos permitan dotarnos de herramientas para esa rebeldía competente que necesitamos. Hasta ahora se han celebrado 18 Talleres, que se reanudarán tras el verano.
El programa de este año trata de analizar y debatir las crisis latentes en el capitalismo y la nueva coyuntura depresiva que se acerca a pasos agigantados (primera jornada), el debate ideológico y político sobre las ideas para analizar esta crisis y las salidas a la misma (segundo día), el análisis de cómo está afectando el nuevo escenario político a los movimientos sociales y a las personas que centran su activismo en lo institucional (tercer encuentro), y a la búsqueda de rutas para este nuevo tiempo, tanto en lo micro y lo inmediato, como a nivel general (sesión de clausura). Como se puede ver en el programa, nos acompañarán como docentes un elenco de valiosas personas que acuden de manera altruista a este espacio de debate y formación.
Esta edición de la Universidad está dedicada a Vicente Patón, fallecido en junio, quien fue ponente en la primera edición y ha venido siendo un referente de las luchas por la preservación de nuestro patrimonio histórico-cultural. Por él, por sus compañeros y compañeras, por nosotros y nosotras, le recordaremos.
lunes, 13 de junio de 2016
Rueda de prensa del movimiento municipalista de la Sierra en apoyo a Unid@s PODEMOS
Desde varios
movimientos municipalistas de la Sierra del Guadarrama compuestos por
candidaturas de unidad popular, agrupaciones de electores y partidos
instrumentales o coaliciones independientes serranas queremos expresar nuestro apoyo para el próximo 26 de junio para UNIDOS PODEMOS.
Manifestamos
que nuestro trabajo municipalista está siendo un reflejo recíproco del
éxito de las confluencias que representan unas políticas a nivel
municipal en las que pueden cambiar las actuales situaciones de redes de
clientelismo y modelos de gobiernos municipales, donde no se cuentan ni
con el consenso de la representación democrática de la oposición ni con
la participación ciudadana, por lo cual vemos necesario nuestro apoyo hacia UNIDOS PODEMOS.
Por ello os convocamos a una rueda de prensa con concejales de las diferentes candidaturas para el día miércoles 15 de junio de 2016 a las 10h30 en la sede de Moralzarzal en Común en la calle Iglesia, nº 23 de Moralzarzal.
sábado, 14 de mayo de 2016
jueves, 12 de mayo de 2016
jueves, 5 de mayo de 2016
jueves, 28 de abril de 2016
jueves, 21 de abril de 2016
viernes, 8 de abril de 2016
miércoles, 2 de marzo de 2016
Tercera reunión de las candidaturas de unidad popular de la Sierra
Este domingo, 6 de marzo, se celebra la tercera reunión de las candidaturas de unidad popular de la Sierra, a las 10.10, en Valdemorillo, Biblioteca María Giralt, C/ La Paz, 53.
viernes, 5 de febrero de 2016
Segunda reunión de candidaturas de unidad popular de la Sierra
Este próximo domingo, 7 de febrero de 2016, tendrá lugar la segunda reunión de las candidaturas de unidad popular en los Ayuntamientos de la Sierra.
La cita es a las 10.30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Colmenarejo.
La cita es a las 10.30 en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Colmenarejo.
miércoles, 6 de enero de 2016
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